El fiscal jefe, Javier Muñoz, y su lamentable papel

Es entendible que las altas nóminas que cobran los abogados de estos cuatro acusados y, por extensión, las de las defensas de los otros tres imputados (el propio Galipienzo, su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé y la arquitecta municipal que avaló la operación, Nuria Alás), obliguen a solicitar al juez el sobreseimiento de los cargos que se les imputan (cohecho, con penas de hasta dos años y cuatro meses de cárcel y fuertes multas), lo que es más difícil de entender es que el ministerio público, representado en este proceso por el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Javier Muñoz, también lo haga. Y es que Muñoz fue el primero en pedir la reprobación de la acusación popular, basando su argumentación en la supuesta falta de legitimidad de un partido político para ejercer tal función.

De su exposición ante el Tribunal podría deducirse que el jefe de los fiscales navarros en primer lugar no cree que los partidos políticos sean representantes de la ciudadanía y ello les otorgue legitimidad para actuar en defensa de los intereses de ésta y, en segundo lugar, parece que Muñoz entiende la personación de Aralar como una especie de usurpación de sus funciones. Y es que llegó a afirmar que la acción popular “altera el proceso” puesto que sólo responde a “intereses políticos” obviando que fue el concurso de esta acción, así como la ejercida en su día por los concejos del valle, el que impulsó la instrucción del caso.

Respecto a la usurpación de funciones, mantener que ya están personados en el juicio una acusación pública, la ejercida por él mismo, y una acusación particular, la que representa al Ayuntamiento de Egüés, y afirmar que ambas son las únicas con legitimidad para acusar (sólo señalan como posibles culpables a Galipienzo, Ruiz Bartolomé y Alás), supone poco menos que expresar con total prepotencia que su ministerio nunca yerra, además de cuestionar abiertamente, y no sólo para este caso, la figura de la acusación popular y el derecho constitucional que la sustenta.

La Justicia no debe ser un coto privado de egos, sino un foro en el que se juzguen hechos y se determinen responsabilidades y, desde luego, la exculpación directa de los corrompedores, no parece la manera más apropiada de erradicar una conducta tan execrable como la de la corrupción de la clase política. Sólo por eso, el fiscal debería haber defendido la legitimidad de un partido político para velar por el correcto funcionamiento de la Administración.