Hay siete procesados por delitos de cohecho:
1.- Ignacio Galipienzo. Ex alcalde del Valle de Egüés por UPN (1996-2003). Una serie de informaciones aparecidas en 2003 demostraban que el ex alcalde del valle de Egüés estaba en la nómina de una promotora con sede en Madrid, Apartamentos Gorraiz, a su vez integrada en el Grupo Empresarial Aricam (GEA). Éste es el grupo que finalmente y previo pago de sendas comisiones por la recalcificación del terreno, se hizo con la titularidad del mismo
Al ex alcalde se le acusó de cobrar una comisión cercana a los 138.000 euros del Vendedor, Construcciones Flores, y 90.000 del comprador, el Grupo Aricam.
Todo el cambio de uso de la S.2.2 se hizo pese al criterio en contra del departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno foral, que avisó en repetidas ocasiones,
tanto a Ignacio Galipienzo como a la propietaria original de la parcela, Construcciones Flores, de la ilegalidad de la operación.
Pese a conocerse las circunstancias exactas de la operación y las vinculaciones de Galipienzo con las empresas promotoras (Apartamentos Gorraiz y Grupo Empresarial Aricam), el ex alcalde siguió contando con el apoyo de su partido y de sus principales
Líderes.
Un informe pericial encargado por la juez de Aoiz sobre las propiedades que adquirió Ignacio Galipienzo en su municipio demuestra que tuvo una sustancial rebaja por la adquisición de una vivienda y una parcela urbanizable en Gorraiz (ambas serían propiedad de Construcciones Flores). El informe del perito analiza la vivienda adquirida por el ex alcalde en el número 18 de la calle Zaldoko de Gorraiz, un bajo por el que pagó casi 36 millones de pesetas, pese a que la calificación que establece el perito indica que la tasación de esa vivienda en la época de la compra, el año 2000, era superior a los 39 millones de pesetas.
También se observa un precio por debajo del de tasación en el ático que compró en la misma calle que el anterior, aunque en este caso la diferencia es casi insignificante, menos de 300.000 pesetas en los 23 millones que le costó. Por lo que se refiere a la parcela en la que se iba a construir un unifamiliar, el perito indica que el valor en el marcado era de 186.000 euros. La vivienda no llegó a hacerse.
2.- Concepción Flores: Constructora y entonces presidenta de Construcciones Flores. Se la acusa de pagar comisiones a Ignacio Galipienzo, 138.000 euros, y a su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé (12.000 euros), por la venta de la parcela escolar S.2.2 a través de una empresa tapadera, Salud Laboral 3.000. Imputada como autora de un delito de cohecho.
Construcciones Flores quedó constituida en 1972, tras años de actividad en la construcción. A finales de los 80 y durante la década de los 90 gesta la urbanización y el campo de golf Castillo de Gorráiz, gracias al cual despega definitivamente (de ahí que tuviera la propiedad de la parcela S.2.2). Realiza obras en diferentes comunidades cuenta con delegaciones en Valladolid y Cantabria.
Conchita Flores desveló en la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Navarra que antes de vender la S.2.2 intentó, por dos veces, variar el uso escolar de dicha parcela. El Gobierno foral se lo denegó en ambas ocasiones. Aricam, sin embargo, tuvo más suerte cuando Ignacio Galipienzo llegó a la alcaldía.
La conexión entre Flores y Galipienzo viene a través de un asesor de la constructora, José Javier Iribarren, en nómina de Flores fue socio y familiar de Galipienzo.
La empresa de Concepción Flores, ahora en manos de sociedad de inversión inglesa, European Credit PLC, es también una de las principales implicadas en la operación de Guenduláin, una reserva de suelo de 3 millones de metros cuadrados por la que el Gobierno de Navarra desembolsará 90 millones de euros.
3.- Emilio Izquierdo: Ex director general de Industria del Gobierno de Navarra (1996-1999) y consejero delegado de la promotora del apartotel (Grupo Empresarial Aricam). Está acusado de cohecho como cooperador necesario.
Izquierdo fue la persona encargada por GEA para sus asuntos en Navarra ya que conocía muy bien la realidad del Valle de Egüés. No en vano, Emilio Izquierdo, consejero delegado del grupo, había sido entre 1996 y 1999 director general de Industria del Gobierno de Navarra con UPN. Además, Izquierdo residía en Gorraiz, donde conoció a Ignacio Galipienzo y al que llegó a ayudar en la confección de las listas municipales de los regionalistas, con la colaboración de su mujer, Margarita Merlo, presidenta entonces del comité local de UPN en el valle.
Pero Izquierdo también está relacionado con otros casos sospechosos. Él figuró primero como apoderado, luego como administrador y finalmente como consejero delegado de la constructora Harinsa poco después de la adjudicación de las obras del tramo III del Canal de Navarra, donde se denunció un desvío de fondos de hasta 18 millones de euros. Izquierdo, según la documentación que obra en manos de un juzgado de Zaragoza, compartía asiento también en el consejo de administración de Harinsa con Antonio Sesma Gil, primo del presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, y, según la revista Interviú , uno de los socios capitalistas de la constructora. En esta firma también figuró como consejero, y presidente de una de sus matrices, Áridos Gamen, Andrés Sanz Sesma, hermano del máximo mandatario regionalista y del Ejecutivo.
4.- Luis Galo Barahona. Ex senador del PP por Burgos y alto cargo de Grupo Empresarial Aricam, está acusado de conocer el cohecho y pese a ello firmar un contrato con el ex alcalde para pagarle comisiones. Está acusado de cohecho como cooperador necesario.
Galo Barahona, también aparece vinculado a Harinsa que, junto a ACS y Navasfalt, formó la UTE adjudicataria de las obras del tramo III del Canal de Navarra. En esta operación también coincidió con Emilio Izquierdo, y con los familiares directos de Miguel Sanz: su hermano, Andrés Sanz Sesma, y su primo, Antonio Sesma Gil.
5.- José Luis Ruiz Bartolomé. Era uno de los testaferros de Ignacio Galipienzo, ya que figuraba como administrador de una empresa del matrimonio Galipienzo-Iglesias. Imputado por cohecho como cooperador necesario o autor.
Ruiz Bartolomé estaba al frente de la empresa RMA Urbana, firma que cobró las comisiones pagadas tanto por Construcciones Flores como por el Grupo Empresarial Aricam. RMA a su vez transfirió la parte que le tocaba al alcalde de Egüés a otra firma, EGDU, en la que sí aparecían como dueños Ignacio Galipienzo y su mujer, Eva Iglesias. La comisión que cobró Ruiz Bartolomé por su papel de testaferro fueron 12.000 euros.
6.- Nuria Alás. La entonces arquitecta municipal llegó al puesto en el año 2000 por una resolución injusta del ex alcalde y provenía, precisamente, de la empresa Construcciones Flores. En 2003 hizo un informe favorable al cambio de uso de la S.2.2. Ese es el informe que posibilitó todo el fraude. Está acusada de cohecho como cooperadora necesaria.
El Ayuntamiento del Valle de Egüés se enfrentó en 2006 a una reclamación de 288.880 euros por los perjuicios económicos y daños morales causados a la que fuera arquitecta municipal, Carmen Chocarro, que fue despedida de forma arbitraria en 2000 por el ex alcalde Ignacio Galipienzo para colocar en su puesto a otra persona más afín a sus intereses, Nuria Alás.
Todo el cambio de uso de la S.2.2 se hizo pese al criterio en contra del departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno foral, que avisó en repetidas ocasiones, tanto a Ignacio Galipienzo como a la propietaria original de la parcela, de la ilegalidad de la operación. Fue en vano. Con la ayuda de Nuria Alás y del asesor municipal, Jesús Marco, el ex alcalde confeccionó un informe para dar validez a la operación, para la que finalmente dio la licencia.
7.- Jesús Marco. Asesor legal del Ayuntamiento de Egüés. Conocía los intereses del alcalde en la S.2.2 y firmó un informe favorable a su venta para apartotel. Está imputado junto a la arquitecta municipal como cooperador necesario del cohecho.
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